¿Qué es la desobediencia civil?

 

 

La desobediencia civil es una acción colectiva que busca demostrar públicamente la injusticia de la ley, con el objetivo de derogarla o modificarla. En el léxico del estudio de los movimientos sociales, puede entenderse como una estrategia política o una forma de lucha ciudadana. Como

estrategia política, se fundamenta en una filosofía de cambio social pacífico. Como forma de lucha ciudadana, se erige en el conjunto de repertorios de la movilización social y el derecho a la resistencia.

 

En los procesos de legitimidad del Estado, la sociedad civil puede comportarse de forma diversa, que va desde actitudes de aceptación e identificación política, hasta modos de oposición más radicales, tales como: la obediencia consciente, el respeto formal a las instituciones, la evasión oculta, la desobediencia pasiva, la objeción de conciencia, la desobediencia civil, la resistencia pasiva y la resistencia activa, en ese orden. La desobediencia civil es pues un modo de comportamiento individual o colectivo frente al Estado.

 

Se expresa en diferentes formas de movilización, algunas de las cuales coincide con otros modos de comportamiento, como la objeción de conciencia y la resistencia pacífica. Esto significa, en la relación Estado-sociedad civil, que tanto es legítimo obedecer la ley, como el hecho de desobedecerla. Si aplica un caso de injusticia, es una acción lícita. Pero precisamente por esta distinción de modos de comportamiento colectivo, para Habermas la resistencia activa es más eficaz que la desobediencia civil. Es, podría agregar, un grado mayor de radicalidad. Desobedecer puede mirarse como resistencia pasiva; resistir activamente puede considerarse un acto de movilización que puede transgredir, aunque no siempre, los límites del sistema.

 

En general, para los partidarios de la desobediencia civil y la resistencia pacífica son tres los casos en que podría aplicarse una acción de este tipo: el caso de que se de unaley injusta (casos muy concretos de injusticia manifiesta); el caso que se de una ley ilegítima (emanada de quien no tiene capacidad de legislar), y el caso de que se de una ley inválida (o inconstitucional).

Es necesario, para todo acto de desobediencia haber agotado las posibilidades de la acción legal. Pensar en actos de resistencia significa que éstos no lleguen a dimensiones tales “que pongan en peligro el funcionamiento del orden constitucional”.

 

Para los liberales, la desobediencia civil es una acción ilegal pero legítima, colectiva y pública, pero no

violenta, que apela a principios éticos para obtener un cambio en las leyes o en los programas de gobierno.

Habermas añade a la definición anterior, el hecho que los desobedientes civiles se plantean el ajuste de una norma pero sin cuestionar el sistema jurídico y político en su totalidad. De ahí, la limitación de estas acciones para pensar un cambio de mayor envergadura; pero también por la ambigüedad con que los liberales se enfrentan ante las acciones de desobediencia.

 

En efecto, para cualquier ordenamiento jurídico, el deber fundamental de cada persona es el de obedecer las leyes. “La ley es la ley” dicen los defensores irredentos del orden público. La obediencia política (a las leyes) es condición y confirmación de la legitimidad del ordenamiento constitucional o del gobierno en particular. Un gobierno legítimo fomenta la obediencia y desalienta la desobediencia:

“Mientras que la obediencia a las leyes es una obligación, la desobediencia es algo ilícito y como tal diversamente castigada”.

 

Por esta razón, Habermas considera que el dilema de los liberales es, por un lado, la necesidad del orden; por otro lado, deben ellos justificar la libertad de los individuos de resistir al Estado y la colonización autoritaria de la vida privada. El lado más conservador de esta perspectiva pensaría que “la resistencia no violenta, es violencia” y que “la desobediencia civil no violenta también es ilegal”. El manifestante es considerado agresor, perturbador del orden público que amenaza la seguridad de la

ciudadanía y de la nación.

En este sentido, deberíamos pensar la desobediencia civil como una acción colectiva que presenta una doble paradoja: en primer lugar, la desobediencia civil, como dice Habermas, es una protesta moralmente fundamentada, un acto público que se anuncia de antemano, que incluye un

propósito de violación de normas jurídicas, pero sin poner en cuestión el ordenamiento jurídico en su conjunto. Este tipo de acciones tiene pues que admitir las consecuencias que podría acarrear el hecho de violar una norma jurídica.

 

Pero la violación de la norma tiene un carácter exclusivamente simbólico. Aquí, según Habermas, es donde reside el límite de los medios no violentos de protesta, pues esa propensión hacia lo meramente simbólico, no puede modificar necesariamente lo establecido por las leyes, es decir,

no puede modificar la estructura institucional.

 

En segundo lugar, la desobediencia civil puede entenderse como movilización social, que transgrede el orden público. Es vista con recelo por la autoridad, pues quien se decide a actuar en desobediencia civil juega obligadamente con la seguridad jurídica del Estado. Las acciones de masas pueden rebasar los límites y marcos que la propia desobediencia se impone.

 

Precisamente, el fenómeno de la transgresión es lo que determina la cautela, tanto de la autoridad como de los organizadores, sobre las acciones de desobediencia civil. Eso pasó en 1988, cuando el supuesto vencedor de las elecciones presidenciales, el ahora perredista Cuahtémoc Cárdenas, prefirió postergar acciones de resistencia activa contra el fraude electoral. Eso pasó también en las acciones de resistencia pacífica organizadas por López Obrador, que llevó a un acuerdo necesario entre el presidente Vicente Fox y el jefe de Gobierno del DF. Ambos quisieron evitar que el descontento rebasara los cauces de lo tolerable. Las acciones de desobediencia civil se entienden pues como un medio, como formas de persuasión, que tienen una finalidad, un propósito específico; pero la persuasión-negociación puede, en un momento dado, ser sustituida

por la persuasión-coerción y entonces las acciones se transforman.

 

Los recursos de la movilización cambian tanto como los movimientos sociales, porque son

transiciones que transgreden antiguas institucionalidades, y se vuelcan hacia la formación de nuevas instituciones.

Por esta razón, la desobediencia civil y la resistencia pacífica han sido aplicadas indistintamente por organizaciones de izquierda y derecha. Cada una, especialmente los grupos de derecha y neoliberales, la han justificado o condenado dependiendo de dónde se han colocado con respecto al ejercicio del poder. La reivindican cuando son oposición. La condenan cuando son gobierno.

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